Derechos fundamentales de los presos en cárceles.

Home Trabajo Legislativo BOLETINES PRIMER AÑO PRIMER PERIODO SEP.-DIC. 2012 SEPTIEMBRE Derechos fundamentales de los presos en cárceles.

PUNTO DE ACUERDO SOBRE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS PRESOS EN CÁRCELES DE MÉXICO.

DAVID MONREAL ÁVILA, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, fracción II del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.

Con la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano en Francia, en 1789, se da inicio a una nueva era para el hombre.

La prioridad por parte de los revolucionarios franceses para romper definitivamente con el Estado absolutista feudal y el autoritarismo político, fue evidente, de ahí que se hiciera necesario definir el nuevo Estado que habría de sustituirlo.

La libertad, la propiedad, la seguridad, la libertad de expresión, de comercio, de asociación y el libre tránsito, entre otras, se convirtieron en derechos fundamentales que han permanecido vigentes hasta el día de hoy, y que garantizan aún con la pérdida de la libertad (en el caso de aquellos individuos que están sujetos a un proceso legal), la permanencia de los demás.

Estos derechos con jerarquía constitucional, se consideran esenciales en el sistema político que la Constitución funda, y que están especialmente vinculados a la dignidad de la persona humana.

Los derechos fundamentales de las personas constituyen la garantía con que cuentan todos los ciudadanos de un Estado Democrático de Derecho, es decir son una autolimitación al propio poder y abuso de éste ante las propias autoridades y frente al gobernado.

Las cárceles en la mayoría de los países, patentizan una situación de holocausto por la violación de los derechos elementales a tantos cientos de personas privadas de su libertad, en algunos casos en condiciones infrahumanas.

Con frecuencia la práctica penitenciaria incumple sus coordenadas básicas: no añadir sufrimiento alguno a la privación de libertad, procurar la reintegración social y tratar al preso con humanidad.[1]

Frente a esta tragedia, las normas generales de cada Estado conservan un poder absoluto en el campo penitenciario, aunque la legislación penitenciaria moderna en la mayoría de los casos sigue, más o menos, las líneas fundamentales marcadas por las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas y del Consejo de Europa.

Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 19, párrafo séptimo dice:

“Todo mal tratamiento en la aprehensión o en las prisiones, toda molestia que se infiera sin motivo legal, toda gabela o contribución, en las cárceles, son abusos que serán corregidos por las leyes y reprimidos por las autoridades.”

Sin embargo en todos los penales de la República Mexicana, el artículo antes mencionado no se cumple cabalmente, las autoridades encargadas de brindar seguridad a los reos, terminan por convertirse en los principales impulsores de estos abusos.

En teoría, el encarcelamiento de una persona debe impedir únicamente el libre tránsito o movilidad; sin embargo, en la práctica, en la prisión misma se atenta contra numerosos derechos fundamentales como: seguridad, salud y dignidad.

Las cárceles en el país son espacios propicios para que se cometan atentados contra la dignidad humana, pues en ellos se presentan innumerables y sistemáticas violaciones a las garantías fundamentales, como son torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes, además de homicidios.

En México existen 429 centros penitenciarios, de los cuales existe sobrepoblación en 212, y en algunos casos, ésta es superior a 200%, y ese es uno de los principales factores que propician este tipo de abusos.[2]

Además, presenta agravantes que hacen de las cárceles mexicanas una auténtica bomba de tiempo para la estabilidad social y política de la Nación. Dos terceras partes de la población está compuesta por jóvenes entre los 18 y 34 años, que en otros sistema social estarían en la escuela o en la fábrica, pero no en una penitenciaría. Dos terceras partes son reos que aún no reciben sentencia. Conviven reos peligrosos del orden federal con reos del orden común, lo que frustra la rehabilitación de los segundos. Por si fuera poco, el fenómeno del “autogobierno” ha expropiado al Estado el control real de los penales.

La ONG especialista en temas de Derechos Humanos“Centro Prodh[3]” manifiesta una gran preocupación por las condiciones indignas y denigrantes en que vive la mayoría de las personas en situación de detención.[4]

Académicos del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), indicaron que el país necesita un mecanismo que haga valer y garantice los derechos de las personas privadas de su libertad.

El sistema de justicia penal debe hacerse efectivo, de tal forma que las garantías constitucionales se cumplan a cabalidad en las personas que están purgando penas de prisión. La pena debe terminar con la sentencia del juez.

Es evidente que los avances en el desarrollo jurídico y en la instrumentación práctica de los derechos del hombre, han sido inmensos. En el mundo se habla ya de los derechos humanos de tercera generación; sin embargo, al volver la vista a nuestra realidad cotidiana, a nuestra generalizada y ya permanente crisis, nos damos cuenta de que estamos a la zaga en cuanto a vigencia y actualización efectiva de los derechos humanos.

La guerra de los últimos años contra la delincuencia organizada vino a complicar aún más la situación de deterioro de los derechos humanos de la población carcelaria. Diversos organismos internacionales que monitorean la situación de los derechos humanos en el país, han señalado que falta mucho para que los gobiernos mexicanos se conviertan en verdaderos garantes y promotores del respeto de la dignidad humana y abandonen su papel de represores[5].

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- Se exhorta al Poder Ejecutivo, para que a través de la Secretaría de Gobernación, entregue a esta Soberanía, un informe pormenorizado, de los mecanismos utilizados por los Centros Penitenciarios para salvaguardar los derechos fundamentales de los internos en condición de detención, para atender las observaciones y recomendaciones de organismos internacionales y nacionales de derechos humanos.

SEGUNDO.- Se exhorta a la Secretaría de Gobernación para que implemente mecanismos en todo el Sistema Federal Penitenciario, que aseguren que los derechos humanos de los convictos se cumplan a cabalidad, tal y como lo establece la Constitución y el Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social.

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 6 días del mes de Septiembre de 2012.