Empresarios, gobernadores y víctimas acusan: PGR protege delincuentes

Empresarios, gobernadores y víctimas acusan: PGR protege delincuentes

Sin gran preámbulo, México tiene una tasa de impunidad que llega hasta el 99%. Quiere decir que por cada cien delitos cometidos en territorio mexicano, sólo uno se castiga.

Este panorama es preocupante no sólo por los delitos de alto impacto, que ponen en riesgo la gobernabilidad del país (como homicidios, secuestro y extorsiones), sino también de crímenes de Estado, corrupción, operación con recursos de procedencia ilícita y todos aquellos cometidos por servidores públicos, que ponen en tela de juicio la legitimidad del gobierno mismo.

La Procuraduría General de la República (PGR) tiene abiertas hasta hoy 21 averiguaciones previas y carpetas de investigación relacionadas con un esquema sistemático de presunto desvío de recursos, en la administración de Enrique Peña Nieto (conocida popularmente como la estafa maestra) que involucra a dependencias federales, instituciones públicas y empresas fantasma, pero hasta ahora, ninguno de los casos está consignado y no hay funcionarios acusados.

Por si fuera poco, la misma democracia se encuentra perjudicada por esta institución que no ha sido eficaz en su tarea de investigar delitos en materia electoral a cargo de la Fepade, por el contrario, ha cubierto con un manto de secrecía e impunidad todo lo relacionado con Emilio Lozoya Austin, extitular de Petróleos Mexicanos (Pemex), quién presuntamente recibió sobornos por 10 millones de dólares (5 de los cuales ya fueron demostrados ante la justicia brasileña), cuando fungía como coordinador de campaña en el exterior del todavía presidente de la república mexicana.

Si recordamos quizá el caso más emblemático de un crimen de estado investigado por la PGR, el caso Ayotzinapa, en el que 43 estudiantes normalistas fueron desaparecidos por fuerzas armadas mexicanas en presunta colusión con el crimen organizado, se hace patente la ineptitud de esta institución.

Tuvieron que transcurrir 35 meses y dos días para que la Procuraduría General de la República (PGR) “avanzara por la línea correcta” en la investigación de estos hechos ocurridos en 2014, pues fue hasta el año pasado cuando se reconoció que las cuatro líneas de investigación que propuso el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en 2015 fueron “atinadas”.

Gobernadores como Javier Corral, señalan incluso todo un modus operandi para otorgar impunidad a delincuentes amigos del gobierno federal, tal es el caso de Alejandro Gutiérrez, quien fue detenido en diciembre pasado y cuyo caso intenta ser atraído por la federación con el propósito, según el mandatario estatal, de dar carpetazo al caso como han hecho con otros funcionarios.

Los mismos candidatos presidenciales del PAN y del PRI, Ricardo Anaya y Meade están bajo la lupa por sus vínculos con desvíos de recursos y lavado de dinero, pero poco se sabe hasta el momento del tema. ¿Comenzaremos las campañas con esta incertidumbre? La sociedad mexicana exige respeto a las leyes y un proceso electoral limpio. ¿Podemos confiar en nuestras instituciones? Lamentablemente no, queda en nuestras manos, como ciudadanía, el futuro democrático de la nación.