Iniciativa para el apoyo a productores rurales.

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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VI AL ARTÍCULO 190 DE LA LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE.

DAVID MONREAL ÁVILA, Senador de la República, integrante de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Honorable Soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VI AL ARTÍCULO 190 DE LA LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Hasta hace algunas décadas, México se presentaba ante la comunidad internacional como una Nación consolidada y sustentable en términos de productividad agrícola; durante el periodo del “milagro mexicano” la soberanía y seguridad alimentaria pasó a ser una característica del desarrollo económico, pues en esta etapa fue posible sustituir las importaciones de los alimentos agropecuarios y productos consumidos en el país, para que fueran producidos en su mayoría, dentro de la Nación. 

En este sentido, desde la década de 1970 hasta la implementación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), la seguridad y soberanía alimentaria de México se ha estado adelgazado gradualmente; de acuerdo a datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), una Nación requiere producir aproximadamente el 75 por ciento de sus productos agrícolas para ser considerado autosustentable; en México para el año 2013 las importaciones alcanzaban aproximadamente el 43 por ciento de los productos alimenticios que se necesitaban para complementar la canasta básica, en la cual se destinó un presupuesto anual equivalente a 15 mil millones de dólares, comparables a los ingresos petroleros que se percibieron durante ese periodo; pese a que México se situaba en el lugar decimocuarto a escala mundial en la producción agropecuaria.

En conjetura, el gradual desinterés por parte del Estado en pro del campo mexicano, se debió en buena medida a que la rentabilidad de importación de productos agrícolas era preferente en lugar de apoyar la producción nacional, y con estas medidas los pequeños productores fueron los más perjudicados en las acciones administrativas después del TLCAN; dejando en el desabrigo de los apoyos gubernamentales al campo mexicano. 

Contrario a esto, la legislación en la materia debiera estar canalizada al apoyo de los productores rurales con menores oportunidades de desarrollo y productividad; asimismo, debe ser objetiva y precisa ya que una proporción importante de la población mexicana pertenece a las zonas rurales.

De acuerdo al Censo Poblacional 2010 realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la población rural representa el 22 por ciento de la población total del país, de los cuales, la mayoría de estas personas viven en condiciones de pobreza, dependiendo total o parcialmente de las actividades agrícolas que desempeñan, orientadas al autoconsumo y la obtención de recursos monetarios con fines de subsistencia. 

Al respecto en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, se  asevera que las prioridades y retos administrativos del actual Gobierno Federal versan en torno a los apoyos del sector agrícola, innovación tecnológica para desarrollo agrario, organización y fomento en el campo para disminuir disparidades de producción; el 70 por ciento de estas Unidades Económicas Rurales (en referencia al pequeño productor) canalizan su producción al autoconsumo, de los cuales el 80 por ciento de ellos poseen predios menores de 5 hectáreas, insuficientes para competir contra las grandes empresas transnacionales.

La enorme brecha existente entre las transnacionales agrícolas y los pequeños productores rurales, muestra una amplia polaridad de desigualdad en términos de competitividad, productividad e ingresos; una desproporción que ha sido remarcada principalmente por la baja productividad de las pequeñas unidades campesinas, debido a la incapacidad para poder entrar en el terreno de la adhesión de la tecnología en sus actividades, maquinaria, semillas, insumos o combustibles, estos últimos necesarios para la producción, mantenimiento y transporte de productos. 

En este sentido, es urgente volver competitivo al agro nacional, a través de nuevos subsidios o apoyos económicos con fines del fomento e impulso a la productividad y competitividad agrícola, proporcionados por el Gobierno Federal para sus actividades, encauzándolo al sector de las pequeñas Unidades Económicas Rurales (UER), ya que en la actualidad muchos de los grandes empresarios agrícolas tienen acceso al respaldo financiero y subsidiario, dejando una desigualdad de oportunidades clara y evidente.

El sector agropecuario representa el 8 por ciento del total de la economía nacional y produce el 15 por ciento de los empleos formales, además contribuye en un 24 por ciento a la riqueza de la Nación. Las empresas agroalimentarias generan un total del 6 por ciento de las exportaciones del país. Reflejadas en ventas de más de 26 mil millones de dólares, superando en cierta medida a las divisas que capta el país a través del turismo.

En este tenor, la proporción poblacional que vive en zonas rurales del país que dependiente de la venta o consumo de sus productos y que no forma parte de las transnacionales es relevante; de los 5 millones 325 mil Unidades Económicas Rurales (UER), 3 millones 400 mil de ellas se caracterizan por denotar elevados niveles de pobreza por ingresos, el equiparable al 63.8 por ciento del total, es decir, más de la mitad de estas Unidades Económicas se encuentran rezagadas de la competitividad agrícola nacional.

Para comprender la magnitud de la masa rural que se halla en ámbitos de pobreza y desigualdad, es preciso indicar que las Unidades Económicas Rurales (UER), se dividen en estratos de producción, seccionados de la siguiente forma:

  • Primer estrato. En esta capa se agrupa la agricultura familiar de subsistencia sin ninguna vinculación con el mercado, en donde lo producido es destinado al autoconsumo; dentro de este estrato se concentra el 22.4 por ciento de total de las UER, equivalentes a 1 millón 192 mil 029 Unidades, quienes poseen un promedio de 3.5 hectáreas de superficie de tierra. 
  • Segundo estrato. Representa el tipo de agricultura familiar de subsistencia con vinculación en el mercado, sus ingresos económicos solo permiten la subsistencia y permeabilidad de algunos gastos básicos familiares; cuentan con un promedio de 8.8 hectáreas de terreno para la actividad agrícola; en esta parte se concentra el 50.6 por ciento de las UER totales, es decir, 2 millones 696 mil 735 de estas. 
  • Tercer estrato. Correspondiente a la agricultura en transición, es decir, que se encuentra en paso de una fase familiar a una empresarial, pero presentan problemas de baja rentabilidad y son susceptibles a sufrir repercusiones debido a factores externos; con un promedio de 32.2 hectáreas de superficie agrícola; siendo estas el 8.3 por ciento de las UER totales. 
  • Cuarto estrato. referente a la agricultura empresarial con rentabilidad frágil, aglutina el 9.9 por ciento de las UER y poseen 37.5 hectáreas.
  • Quinto estrato. Representa el 8.4 por ciento, con un promedio de 141.4 hectáreas de terreno para la agricultura, encaminada en una economía empresarial fortalecida y en crecimiento. 
  • Sexto estrato. Se hallan las grandes empresas agrícolas, con actividad económica dinámica; poseen 297.6 hectáreas en promedio; se ubican un conjunto reducido de UER, equivalentes al 0.3 por ciento del total. 

En la gráfica se muestra el porcentaje de las Unidades Económicas Rurales que conforman cada uno de los estratos, siendo el primer y segundo de ellos los que mayor número de UER concentran, 22.4 y 50.6 por ciento respectivamente; y es precisamente en estos estratos en el que existe un mayor rezago de productividad y niveles de pobreza. Denotando de esta manera la precariedad y la grave crisis económica en la que se encuentran la mayoría de los pequeños productores del campo mexicano.

Dentro del tercer estrato, se ubican las UER que se encuentran en un paso de transición, de acuerdo a la gráfica éstas concentran el 8.3 por ciento de las Unidades Económicas Rurales; cabe resaltar, que por ser unidades familiares agrícolas en un proceso de estructuración empresarial son frágiles a los factores externos, por lo que cualquier variante en el mercado puede ocasionar una perdida catastrófica para ellos. Además, por ser aún un sistema familiar agrícola, se encuentran en el rezago y carencia de recursos, los cuales apenas permiten desahogar gastos de producción y de vivienda. 

Los tres primeros estratos en su conjunto, reúnen el 81.3 por ciento de las UER, lo que indica que la mayor parte de los productores del campo, cerca de 4 millones 329 mil de las UER, producen a pequeña escala, con fines de autoconsumo y subsistencia, quienes por su descripción, presentan altos índices de pobreza.

Mientras que solo el 9.9 por ciento de las UER comienza a incursionar dentro del ámbito mercantil y empresarial, pese a ello, siguen presentando fragilidad en su economía y competitividad. 

Asimismo, menos del 8.4 por ciento de las Unidades Económicas Rurales restantes son grandes empresas competitivas en el agro, y en mucho menor proporción (0.3 por ciento de las UER) representan a las empresas transnacionales líderes, que mantienen su presencia en todo momento dentro de los mercados alimenticios, y quienes manejan en su mayor parte, los precios y los flujos agrícolas. 

Por tales motivos es necesario canalizar los apoyos existentes en beneficio de los productores a pequeña escala, para que puedan solventar sus necesidades productivas y económicas, así como la creación de nuevos programas encauzados a este mismo propósito; pues los programas actuales no han logrado impactar de forma efectiva para sacar del rezago y la pobreza a los pequeños productores rurales. 

Pese a la Reforma Hacendaria, que prometía la inversión y recuperación del campo mexicano a través de la ampliación de los programas sociales en las comunidades rurales y para el campo, por medio de una recaudación fiscal efectiva, que lograría la Reforma; asimismo proponía, la eliminación de impuestos del pequeño productor con ingresos inferiores a los 900 mil pesos se aplicaría para apoyar a este sector agrícola vulnerable. Lo cierto es que, a poco más de 2 años de la promulgación y funcionamiento de la reforma Hacendaria, ninguno de los milagros con los que se fundamentó han sido realizados, los apoyos no son los suficientes y los programas al campo no cubren en su totalidad los estratos con mayor índice de pobreza.

Lo anterior no es acorde a lo contemplado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 27, Fracción XX, en materia de sustento y apoyo gubernamental al campo:

El Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural integral, con el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo nacional, y fomentará la actividad agropecuaria y forestal para el óptimo uso de la tierra, con obras de infraestructura, insumos, créditos, servicios de capacitación y asistencia técnica. Asimismo expedirá la legislación reglamentaria para planear y organizar la producción agropecuaria, su industrialización y comercialización, considerándolas de interés público.

Por ejemplo, en el caso de las gasolinas, diésel y otros combustibles, necesarios para la movilidad y producción de productos agrícolas, no existe un apoyo económico o programa rural que permita garantizar su compra u obtención; además, acceder a otras formas de crédito y programas económicos es muy difícil para las UER de los estratos primero, segundo y tercero, por sus condiciones precarias o su poca capacidad para sufragar el financiamiento. No se está cumplimento con lo que establece el citado artículo constitucional, ya que el Estado no ha logrado procurar estas fuentes de energía para los pequeños productores del campo.

En este contexto, los combustibles como motor de movilidad, son de suma importancia; y aunque es posible que los productores rurales de menos de 3 hectáreas, por su naturaleza, no utilicen maquinaria para producir sus productos, si necesitan de gasolinas para el transporte de insumos y herramientas necesarias para la actividad agraria. En el caso de las UER que se encuentran en la incursión del comercio a pequeña y mediana escala, requieren del uso de equipo o maquinaria que necesita algún combustible.

El apoyo canalizado al subsidio de las gasolinas y de más combustibles, mejoraría en cierto grado, las condiciones de competitividad y producción. Cabe mencionar que los altos costos de los combustibles han ido en aumento gradualmente, pese a las bondades y beneficios que el Ejecutivo Federal atribuía a la Reforma Energética.

Prueba de lo anterior, es el progresivo aumento del costo de los energéticos que desde inicios de la actual Administración Federal a octubre del presente año se han estado realizado; en diciembre del 2012 el precio de la gasolina Premium alcazaba los 11.37 pesos por litro, en contraste con el precio actual (14.81 pesos) existe una diferencia de 3.44 pesos, es decir, un aumento paulatino que alcanza el 23.23 por ciento. 

La gasolina Magna, pasó de 10.81 a 13.98 pesos por litro, teniendo un aumento diferencial de 3.17 pesos, equivalente al 22.67 por ciento; de igual forma, el diésel que tenía un precio de 11.17 pesos por litro en ese mismo periodo, actualmente alcanza 14.63 pesos, siendo éste un aumento del 23.65 por ciento.

Considerando que las maquinarias agrícolas y los transportes de carga utilizan una gran cantidad de gasolina o diésel, son notables los costos que estos involucran para la economía de los pequeños productores rurales. Cabe señalar que 6 de cada 10 habitantes rurales se encuentra en situación de pobreza, el equivalente al 61.1 por ciento de esta población, equiparable a 17 millones de personas, mismas que en su mayoría dependen de la producción agrícola a pequeña escala; y que por el precio de los combustibles les es difícil producir o desplazar sus productos.

Para asegurar el sustento de las UER que dependen del autoconsumo y del comercio a pequeña escala, se necesita garantizar que su productividad no se vea afectada o mermada por la incapacidad de adquirir los energéticos; asegurar que los combustibles formen parte de sus actividades agrícolas diarias, para hacer posible su movilidad y traslado mercantil, de insumos o de producción agrícola. 

Por lo que se requieren cambios en las políticas públicas, con la finalidad de incentivar la producción rural a pequeña escala, aprovechar experiencias internacionales y tener una agenda de trabajo conjunto para crear programas de apoyo. 

Hoy en día existe un campo con diferencias abismales, donde algunos productores cuentan con todas las herramientas suficientes para desarrollar su productividad, paradójicamente otros no cuentan con las mismas herramientas, tal es el caso de los pequeños productores agrícolas de los primeros, tres estratos. En este sentido, resulta indispensable la adecuación de la legislación en materia del campo, para canalizar mejor los recursos de apoyo que vayan directo al objetivo planteado.

Lo anterior se agrava con el recorte presupuestal que se la hará a la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) para el ejercicio fiscal 2017, una política social equivocada del Ejecutivo Federal que puede traer como consecuencia más pobreza, desempleo; con la incertidumbre de si habrá o no forma de que los pequeños productores subsistan. 

A este problemática se le adiciona que las corporaciones multinacionales se apoderan más del sector agroalimentario en México, en ellas se concentra mayor mente la producción, distribución y comercialización; un ejemplo es Monsanto y Syngenta en la venta de semillas; Gruma y Minsa en la industria de la harina de maíz, y Sukarne y Pilgrim’s Pride en el procesamiento de carne. Además de la riqueza que poseen, el gobierno les ha contribuido en su crecimiento económico a través de “apoyos”, subsidios o permisos para ampliar su presencia en el país.

En este sentido, el objeto de la presente iniciativa consiste en adicionar una Fracción VI al artículo 190 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, en materia de subsidios o apoyo para la compra de las gasolinas, diésel y demás combustibles, canalizada a los productores a pequeña escala. Permitiendo de esta forma, que muchas familias campesinas puedan desplazar y producir sus mercancías de forma menos costosa, y lograr mantener la estabilidad del precio de estos productos. Pues la finalidad y razón de ser de las leyes, es estar encaminadas en favor de la sociedad, para que a través de ellas se protejan y se desenvuelvan plenamente los Derechos Humanos, y que mejor que legislar a favor de los sectores más desprotegidos, como en el caso de los productores rurales a pequeña escala.

Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VI AL ARTÍCULO 190 DE LA LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE.

Único.- Se ADICIONA la Fracción VI al Artículo 190 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, para quedar como sigue:

Artículo 190.- Para los efectos del artículo anterior, y de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 24 y 25 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, las previsiones presupuestales podrán comprender los siguientes rubros:

I. a la V. … 

VI. Apoyos económicos para la compra o adquisición de gasolinas, diésel y otros combustibles para los pequeños productores rurales, que tengan por objetivo impulsar la producción, distribución y comercialización agrícola de sus comunidades.

TRANSITORIOS.

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Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, los Congresos de los Estados y de la Ciudad de México destinarán los recursos necesarios para la realización de lo contemplado en el presente Decreto.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República a los 20 días del mes de octubre de 2016

Ver Boletín aquí: Los pequeños productores rurales merecen apoyo para la adquisición de combustible