Iniciativa sobre la Ley Minera

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XV AL ARTÍCULO 27 Y UNA FRACCIÓN XIV AL ARTÍCULO 55 DE LA LEY MINERA

DAVID MONREAL ÁVILA, Senador de la República, integrante de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55 fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Honorable Soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XV AL ARTÍCULO 27 Y UNA FRACCIÓN XIV AL ARTÍCULO 55 DE LA LEY MINERA al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

“La minería es una actividad económica del sector primario representada por la explotación o extracción de los minerales que se han acumulado en el suelo y subsuelo en forma de yacimientos, también la minería es considerada como el conjunto de individuos que se dedican a esta actividad o el conjunto de minas de una nación o región”.[1] La visión dual de la minería entendida por un lado como la acción de extraer, y por otro, lo concerniente a las organizaciones dedicadas a esta actividad, permitirá hacer una evaluación amplia sobre sus beneficios y consecuencias en la economía.

La minería es una de las actividades más antiguas de la humanidad, la cual desde épocas prehispánicas fue utilizada para la fabricación de herramientas haciendo uso de minerales, de esta manera, a lo largo de la historia y en las distintas épocas, ha tenido un papel preponderante. Además, se convirtió en uno de los indicadores básicos que han hecho posible el desarrollo económico de los Estados.

En la actualidad, entre los países cuya economía se apoya de forma significativa en la minería figuran Rusia, Gran Bretaña, China, México, Perú, Chile, Sudáfrica, Ghana, Australia, entre otros. Sin embargo en los países de América Latina, principalmente países periféricos, se ha observado la implementación de modelos extractivistas que obran en función de la demanda internacional y ponen en vulnerabilidad la estabilidad económica y ambiental de los países que los emplean.

El caso de México resulta ilustrativo, pues cuenta con 293 empresas mineras trasnacionales[2] que ven en el país un “paraíso” para la extracción de minerales preciosos, esto debido a la laxitud de la Ley Minera que por un lado les garantiza grandes ganancias y por otro poca rigurosidad en normas ambientales; en consecuencia se tiene una industria mal regularizada que deja a su paso conflictos sociales y deterioro ambiental con espacios concesionados de hasta 50 años.

En los últimos quince años, la expansión de la minería metálica en el país ha sido un proceso incontenible. No se trata de un fenómeno aislado sino inserto en una estructura de trasformación del capitalismo. El esquema de producción e intercambio capitalista heredado del fordismo, el keynesianismo y de la prevalencia de la acumulación mediante reproducción, ha llevado a México a consecuencias brutales. Por un lado, está el desplazamiento de la población campesina y la consiguiente migración para las ciudades, por otro lado, se ha frenado la movilidad social y ha aumentado la desigualdad, concentrándose la riqueza de una manera antes imposible de imaginar.

Ejemplo de lo anterior es el caso paradigmático en el tema de desplazamiento forzado interno en el Cerro de San Pedro, en San Luis Potosí. Esta área geográfica es reconocida como Patrimonio de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencias y la Cultura (UNESCO)[3] y en septiembre de 1993 el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) declaró que la región constituía un área ecológicamente protegida.[4] No obstante, a principios de la década de 1990, con las reformas al marco normativo para permitir la propiedad privada extranjera en extracción de recursos naturales y la minería, varías empresas foráneas comenzaron a adquirir derechos de minería en Cerro San Pedro, para 2007 la mina comenzó su producción a manos de la empresa canadiense New Gold Inc. provocando la desaparición de dicho cerro, símbolo de San Luis Potosí, para dar paso a montañas de desechos alrededor y en un zona semiárida: 32 millones de litros de agua mezclada con 16 toneladas de cianuro se han utilizado diariamente para el proceso industrial.[5]

Desde el punto de vista económico y ecológico, estos megaproyectos mineros generan grandes tasas de rentabilidad que se convierten en enormes flujos financieros que alimentan las dinámicas consumistas de las élites de los países centrales, y también de las élites asociadas o encargadas directamente de la explotación minera en los propios países productores. Además, en la minería opera también un complejo proceso de expropiación ecológica a partir del hecho de que en América Latina son grandes productores de minerales, pero consumen muy poco de lo que producen. Entonces, junto a todo el mineral exportado, se va también el agua utilizada en el proceso, la energía empleada en la producción y los enormes pasivos ambientales resultado de la contaminación que genera esta actividad.

Históricamente la explotación de la minería en México ha sido indiscriminada con nulas restricciones, tan sólo entre 2001 y 2010 se extrajo el doble de oro y la mitad de plata que se produjo en 300 años de explotación colonial[6]. En relación con las hectáreas concesionadas, existe desde hace años una guerra de cifras: según el informe del Resultado de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2012 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), los datos son contradictorios. El apartado “Regulación y Supervisión de la Actividad Minera” determinó la existencia de 26,551 títulos que implican 36,820,200 hectáreas concesionadas (18.8%), en cuanto al “Otorgamiento de Concesiones e Ingresos por Derechos en Materia Minera”, la Dirección de Registro Minero (DGRM) informó que se trata de 26,558 títulos con una cobertura total de 30.689,700 hectáreas (15.62%). Por su parte, la organización “fundar” (Centro de Análisis e Investigación) documenta que hasta agosto de 2012 estaba concesionado 16% del territorio nacional. Por último, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en su estudio sobre la minería en México, da cuenta de que son un total de 26,740,000 las hectáreas concesionadas, lo que equivale a 13.61% del territorio nacional (2014).[7]

A nivel local, el estado de Zacatecas, región con una gran tradición minera, ha sufrido las consecuencias del libertinaje de las empresas mineras en la entidad, ejemplo de ello son las constantes denuncias de pobladores por intentos de desalojo de sus zonas de residencia. El Frente Social por la Soberanía Popular (FSSP) acusó a la Dirección de Protección Civil de querer desalojar a los habitantes de Salaverna, en Mazapil, por intereses particulares de la compañía minera Frisco-Tayahua y solapada por el Gobierno del Estado.[8]

De acuerdo a información del Reporte de Coyuntura de la Minería (2013) publicado por la Secretaría de Economía, el estado de Zacatecas abarca el 22% de la producción minera nacional.[9] Es Peñasquito, hoy por hoy, la mina a cielo abierto más grande de América Latina, localizada en Zacatecas, diariamente son removidas 550 mil toneladas de tierra y piedra de las cuales extraen de 0.1 a 1.0 gramos de oro por tonelada.[10] Goldcorp es la firma canadiense que encabeza el proyecto minero de Peñasquito, la cual enfrenta reclamos sociales y ambientales, como es la devolución de 600 hectáreas a campesinos del ejido Cerro Gordo. A pesar de lo anterior la compañía sostiene que su llegada al municipio de Mazapil ha tenido un impacto positivo en la vida de sus habitantes.

A primera impresión, la puesta en marcha de proyectos mineros trae consigo beneficios económicos, sin embargo en cuanto a responsabilidad ambiental se refiere, mineras nacionales y extranjeras se muestran comprometidas con el medio ambiente, aunque la manera en cómo lo hacen es en términos de remediación. Resulta preocupante entonces que la responsabilidad ambiental de las mineras esté dada en términos de corrección y no de prevención, lo que significa que no se busca evitar los daños sino asegurar que quienes los provoquen realicen medidas de reparación, sin embargo se tienen antecedentes de que una vez concluido el periodo de vida de las minas, las empresas suelen desaparecer, situación en la que el Estado, y por tanto, los contribuyentes, cargan con las afectaciones y los costos de remediación de consecuencias, muchas de ellas irreversibles: pérdida de suelos agrícolas, de biodiversidad, contaminación, así como la ruptura social o la destrucción del patrimonio histórico y cultural.

La normatividad al servicio del mercado ha permitido los casos aquí expuestos, la trasformación en la ley para abrir espacios al nuevo proceso de acumulación por despojo, si bien comenzó tibiamente en los años ochenta, tuvo en la década de los noventa un gran impulso que hasta el día de hoy no ha parado. La Ley Minera representa la tibieza del Estado para imponer verdaderas restricciones a las empresas dedicadas al rubro. El artículo 15 de Ley Minera otorga las concesiones por 50 años prorrogables por otros 50 más, ello convierte a la concesión minera en un privilegio que favorece la especulación; además la ley a partir de una reforma en 2005, eliminó la diferencia entre exploración y exportación en el título de concesión[11] permitiendo que las etapas de exploración se prolonguen por un tiempo innecesario.

Por otro lado en los artículos 27 y 55 de la Ley Minera, relativos a las obligaciones de los concesionarios, hay aspectos muy relevantes que no se abordan y que, por tanto, quedan desprotegidos por el derecho. El primero de ellos es el concerniente al monitoreo ambiental, son aspectos a los cuales los concesionarios se comprometen en la manifestación de impacto ambiental, la ley no prevé como una obligación del concesionario llevar adelante dicha etapa con los mejores estándares. Si bien la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) tiene disposiciones relativas a los temas de protección al medio ambiente, como también la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental a las obligaciones derivadas de los daños ocasionados a la ecología, el hecho de que se incluyeran en la Ley Minera es de suma importancia para permitir una sanción con la pérdida de concesión a empresas que contaminen o que provoquen accidentes de manera deliberada. En general, el catálogo de obligaciones resulta bastante escueto, cuestión que evidencia el enfoque de la actual ley hacia la inversión sin límites y en función del mercado.

Hay una clara insuficiencia en el régimen de sanciones para las empresas mineras, las limitaciones van de la mano con los aspectos no incluidos en lo relativo a las obligaciones, debido a que si se determinan acciones y omisiones de empresas no van en contra de una obligación, no pueden por tanto ser sancionadas ni con multas ni con la pérdida de la concesión. Por tal razón en el entramado legal vigente no se incluyen sanciones derivadas de la pérdida, cambio, deterioro, menoscabo, afectación o modificación de los hábitat, ecosistemas y recursos naturales.

Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente:

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XV AL ARTÍCULO 27 Y UNA FRACCIÓN XIV AL ARTÍCULO 55 DE LA LEY MINERA, para quedar como sigue:

 

Artículo 27. Los titulares de concesiones mineras, independientes de la fecha de su otorgamiento, están obligados a:

I a XIV…

  1. Rendir a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales un informe anual en el mes de enero de cada año, del impacto ambiental derivado del aprovechamiento de los recursos naturales, las emisiones de gas y la contaminación producida por algún residuo.

Artículo 55. Se sancionará con la cancelación de la concesión minera cualquiera de las infracciones siguientes:

I a XIII…

XIV. Por la acción deliberada de la pérdida, cambio, deterioro, menoscabo, afectación o modificación de los hábitat, ecosistemas y recursos naturales.

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

 

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO
Artículo 27. Los titulares de concesiones mineras, independientes de la fecha de su otorgamiento, están obligados a:

 

I a XIV…

XV. No existe correlativo

Artículo 27. Los titulares de concesiones mineras, independientes de la fecha de su otorgamiento, están obligados a:

 

I a XIV…

XV. Rendir a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales un informe anual en el mes de enero de cada año, del impacto ambiental derivado del aprovechamiento de los recursos naturales, las emisiones de gas y la contaminación producida por algún residuo.

Artículo 55. Se sancionará con la cancelación de la concesión minera cualquiera de las infracciones siguientes:

I a XIII…

 

XIV. No existe correlativo

Artículo 55. Se sancionará con la cancelación de la concesión minera cualquiera de las infracciones siguientes:

I a XIII…

XIV. Por la acción intencional de la pérdida, cambio, deterioro, menoscabo, afectación o modificación de los hábitat, ecosistemas y recursos naturales.

 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República a los 23 días del mes de febrero de 2017.

[1] INEGI, “Minería. Economía”, Consultado el 22 de febrero de 2017 [En Línea], Disponible en: http://cuentame.inegi.org.mx/economia/secundario/mineria/default.aspx?tema=E

[2] Secretaría de Economía, “Empresas con Proyectos Mineros en México”, Consultado el 22 de febrero de 2017 [En Línea], Disponible en: http://portalweb.sgm.gob.mx/economia/es/mineria-en-mexico/empresas-mineras.html

[3] Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, “Han destruido la vida en este lugar. Megaproyectos, violaciones a derechos humanos y daños ambientales en México”, Consultado el 21 de febrero de 2017 [En Línea], Disponible en: http://www.centroprodh.org.mx/

[4] Ibidem.

[5] La Jornada, “Deja Minera San Xavier un daño irreversible en San Luis Potosí”, Consultado el 21 de febrero de 2017 [En Línea], Disponible en: http://www.jornada.unam.mx/2014/04/15/sociedad/033n1soc

[6] Universidad Autónoma Metropolitana, “Legislación minera y derechos humanos: el derecho en la encrucijada”, Consultado el 21 de febrero de 2017 [En Línea], Disponible en: http://www.redalyc.org/pdf/325/32542592011.pdf

[7] Ibidem

[8] NTR, “Protección Civil busca desalojar Salaverna: FSSP”, Consultado el 21 de febrero de 2017

[9] México social, “El impacto social y ambiental de la minería en México”, Consultado el 21 de febrero de 2017 [En Línea], Disponible en: http://blectores.mexicosocial.org/2013/06/el-impacto-social-y-ambiental-de-la-mineria-en-mexico/

[10] Ibidem.

[11] Op. Cit. “Universidad Autónoma de México”

Ver Boletín aquí: Las mineras deben asumir su responsabilidad ambiental, la ley debe modificarse para obligarlas a cumplir este rubro