La tortura es una realidad en México, deben implementarse mecanismos para erradicarla

La tortura es una realidad en México, deben implementarse mecanismos para erradicarla

David Monreal Ávila, senador por Zacatecas tras puntualizar que la tortura es una realidad en nuestro país, instó a la división de poderes consagrada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al Poder Ejecutivo Federal, para que, en coordinación con sus homólogas estatales se atiendan las recomendaciones de las Comisiones de Derechos Humanos en esta materia, así como que se diseñen e implementen mecanismos eficaces para su erradicación.

Señaló que el principal objetivo de la tortura es infligir dolor físico o psicológico a una víctima; sin embargo los motivos para hacerlo pueden ir desde imponer miedo, hasta obtener abusivamente información. Estas prácticas se dan en un marco institucional débil y corrupto, donde los tribunales voltean a otro lado y hacen caso omiso a las víctimas.

Es muy poco frecuente que los torturadores rindan cuentas, no solo eso sino que a veces incluso se persigue a quienes se atreven a denunciar. La encuesta realizada por Amnistía Internacional, revela que el 44% de las personas encuestadas temen ser torturadas, esto se agrava cuando los abusos contra los derechos humanos se perpetúan contra grupo vulnerable ya que estos tienen más posibilidades de sufrir tortura y menos recursos para defenderse.

En México el gobierno federal se ha visto envuelto en varias ocasiones, señalado en actos de desaparición forzada o de tortura, según el relato especial de Naciones Unidas sobre la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Juan E. Méndez:

“La tortura es generalizada en México. Ocurre especialmente desde la detención y hasta la puesta a disposición de la justicia, y con fines de castigo e investigación”.

Monreal Ávila explicó que con base en los tratados internacionales en los cuales México es parte, en el año 2015 se llevó a cabo la reforma constitucional del artículo 73 donde se le da la facultad al poder legislativo para expedir leyes generales que establezcan como mínimo, los tipos penales y sus sanciones en las materias de secuestro, desaparición forzada de personas, otras formas de privación de la libertad contrarias a la ley, trata de personas, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, así como electoral.

México y sus niveles de violencia son observados con un diagnóstico poco críticos y carente de una ruta clara para superar los retos que enfrenta el país en materia de tortura y desapariciones, aunque se reconoce que solo el gobierno nacional puede revertir la situación de violencia, las recomendaciones de instituciones dedicadas a proteger los derechos humanos son de vital importancia y no deben ser ignoradas.

En marzo de 2016, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Raa’ad Al Hussein hizo públicas catorce recomendaciones para México, en las que destacan adoptar una ley nacional sobre el uso de la fuerza, contraria a las estrategias adoptadas por el Ejecutivo Federal en los último años y la militarización del país, acto que llevó a las instituciones encargadas de la seguridad nacional a verse señaladas por actos de tortura o desaparición forzada.

Ejemplo de lo anterior es el caso Tlatlaya, donde Luis Raúl González Pérez presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), dijo que la Comisión acreditó en su investigación que hubo entre 12 a 15 civiles ejecutados arbitrariamente, manipulación del lugar de los hechos y que los sobrevivientes fueron torturados.

En este tenor, es de principal importancia erradicar la impunidad, según datos de la CNDH de 7.164 quejas por tortura y otros malos tratos entre 2010 y el final de 2013, ninguno desembocó en una condena penal por tortura, de hecho, muy pocas quejas presentadas ante las comisiones de derechos humanos se traducen en enjuiciamientos penales, mucho menos en condenas por tortura.

Con el motivo de proteger a las víctimas de tortura y señalar la omisión por parte del Ejecutivo Federal ante las recomendaciones en materia de derechos humanos, el presente punto de acuerdo tiene la intención de dejar remarcado los casos donde la impunidad ha imperado en detrimento de la sociedad mexicana.

Los derechos humanos no pueden ser relegados al cajón de las buenas intenciones. El Estado mexicano vive una crisis grave en materia de tortura. Las quejas registradas en 2013 por esta práctica eran 600% superior a las de diciembre de 2006.

#MéxicoEsMorena

Urge que el Estado mexicano atienda las recomendaciones de los organismos defensores de derechos humanos en materia de tortura y malos tratos, e implemente mecanismos eficaces que erradiquen estas atroces prácticas.

#MéxicoEsMorena

Ver Punto de Acuerdo aquí: Punto de Acuerdo sobre tortura