Las mineras deben asumir su responsabilidad ambiental, la ley debe modificarse para obligarlas a cumplir este rubro

Las mineras deben asumir su responsabilidad ambiental, la ley debe modificarse para obligarlas a cumplir este rubro

El Senador David Monreal Ávila, al presentar una iniciativa de ley para que las mineras rindan ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) un informe anual del impacto ambiental derivado del aprovechamiento de los recursos naturales, señaló que la puesta en marcha de proyectos mineros trae consigo beneficios económicos pero resulta preocupante que la responsabilidad ambiental de las mineras esté dada en términos de corrección y no de prevención.

La iniciativa también plantea cancelar la concesión minera por la acción deliberada de la pérdida, cambio, deterioro, menoscabo, afectación o modificación de los hábitats, ecosistemas y recursos naturales.

Refirió el legislador zacatecano que en la actualidad, entre los países cuya economía se apoya de forma significativa en la minería, figuran Rusia, Gran Bretaña, China, México, Perú, Chile, Sudáfrica, Ghana, Australia, entre otros. Sin embargo, en los países de América Latina, se ha observado la implementación de modelos extractivistas que obran en función de la demanda internacional y ponen en vulnerabilidad la estabilidad económica y ambiental de los países que los emplean.

El caso de México resulta ilustrativo, pues cuenta con 293 empresas mineras trasnacionales que ven en el país un “paraíso” para la extracción de minerales preciosos, esto debido a la laxitud de la Ley Minera que por un lado les garantiza grandes ganancias y por otro poca rigurosidad en normas ambientales, en consecuencia, se tiene una industria mal regularizada que deja a su paso conflictos sociales y deterioro ambiental con espacios concesionados de hasta 50 años.

Monreal Ávila indicó que en los últimos quince años, la expansión de la minería metálica en el país ha sido un proceso incontenible y ha llevado a México a consecuencias brutales. Por ejemplo, está el desplazamiento de la población campesina y la consecuente migración para las ciudades, asimismo, se ha frenado la movilidad social y ha aumentado la desigualdad, concentrándose la riqueza de una manera escandalosa.

Además, en la minería opera también un complejo proceso de expropiación ecológica a partir del hecho de que en América Latina son grandes productores de minerales, pero consumen muy poco de lo que producen. Junto a todo el mineral exportado, se va también el agua utilizada en el proceso, la energía empleada en la producción y los enormes pasivos ambientales resultado de la contaminación que genera esta actividad.

El Senador puntualizó que el estado de Zacatecas, región con una gran tradición minera, ha sufrido las consecuencias del libertinaje de las empresas mineras, ejemplo de ello son las constantes denuncias de pobladores por intentos de desalojo de sus zonas de residencia. Recientemente el Frente Social por la Soberanía Popular (FSSP) acusó a la Dirección de Protección Civil de querer desalojar a los habitantes de Salaverna, en Mazapil, por intereses particulares de la compañía minera Frisco-Tayahua y solapada por el Gobierno del Estado.

De acuerdo con el Reporte de Coyuntura de la Minería 2013, publicado por la Secretaría de Economía, el estado de Zacatecas tiene el 22% de la producción minera nacional. Es Peñasquito, hoy por hoy, la mina a cielo abierto más grande de América Latina, donde diariamente son removidas 550 mil toneladas de tierra y piedra de las cuales extraen de 0.1 a 1.0 gramos de oro por tonelada. Goldcorp es la firma canadiense que encabeza el proyecto minero de Peñasquito, la cual enfrenta reclamos sociales y ambientales, como es la devolución de 600 hectáreas a campesinos del ejido Cerro Gordo.

La primera impresión es que la puesta en marcha de proyectos mineros trae consigo beneficios económicos, sin embargo, en cuanto a responsabilidad ambiental se refiere, mineras nacionales y extranjeras no se muestran comprometidas con el medio ambiente. Resulta preocupante entonces que la responsabilidad ambiental de las mineras esté dada en términos de corrección y no de prevención, lo que significa que no se busca evitar los daños sino asegurar que quienes los provoquen realicen medidas de reparación.

La Ley Minera representa la tibieza del Estado para imponer verdaderas restricciones a las empresas dedicadas al rubro. El artículo 15 de Ley Minera otorga las concesiones por 50 años prorrogables por otros 50 más, ello convierte a la concesión minera en un privilegio que favorece la especulación, además, la ley a partir de una reforma en 2005, eliminó la diferencia entre exploración y exportación en el título de concesión permitiendo que las etapas de exploración se prolonguen por un tiempo innecesario.

En los artículos 27 y 55 de la Ley Minera, relativos a las obligaciones de los concesionarios, hay aspectos muy relevantes que no se abordan y, que por tanto, quedan desprotegidos por el derecho. El primero de ellos es el concerniente al monitoreo ambiental, son aspectos a los cuales los concesionarios se comprometen en la manifestación de impacto ambiental. La ley no prevé como una obligación del concesionario llevar adelante dicha etapa con los mejores estándares.

Si bien la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, tiene disposiciones relativas a los temas de protección al medio ambiente, como también la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, pero las obligaciones derivadas de los daños ocasionados a la ecología, son de suma importancia que se incluyan en la Ley Minera, para permitir una sanción con la pérdida de concesión a empresas que contaminen o que provoquen accidentes de manera deliberada.

Hay una clara insuficiencia en el régimen de sanciones para las empresas mineras, las limitaciones van de la mano con los aspectos no incluidos en lo relativo a las obligaciones, debido a que si se determinan acciones y omisiones de empresas no van en contra de una obligación, no pueden por tanto ser sancionadas ni con multas ni con la pérdida de la concesión y esto tiene que modificarse, finalizó.

Las empresas mineras deben rendir un informe anual a la SEMARNAT sobre el impacto ambiental de su actividad, asimismo, es necesario cancelar las concesiones cuando se cause daño al hábitat, ecosistemas y recursos naturales.

La Ley Minera debe ser más rigurosa en las sanciones a las empresas que dañen al medio ambiente y ocasionen perjuicio a la población.

Ver Iniciativa aquí: Iniciativa sobre la Ley Minera