Logros del gobierno serán considerados informativos y no propaganda

Logros del gobierno serán considerados informativos y no propaganda

  • Sólo en 4 años, Peña ha gastado 35 mil 655 millones de pesos

Con 60 votos a favor y 47 en contra, el Pleno del Senado de la República aprobó la noche de este miércoles, en lo general y en los artículos no reservados, la Ley General de Comunicación Social, que fue nombrada por organizaciones de la sociedad civil como “Ley Chayote”.

El proyecto está basado en iniciativas presentadas por todos los grupos parlamentarios; pero no incluye las propuestas más importantes que garantizarían transparencia e imparcialidad en la asignación de contratos, la creación de organismos autónomos encargados de dichas contrataciones, así como de figuras que vigilarían y auditarían los recursos públicos destinados a gastos de Comunicación Social, de acuerdo con varias organizaciones.

Legisladores de oposición  han manifestado que “la ausencia de dicho marco normativo permite un uso arbitrario y discrecional de la repartición de la publicidad oficial y genera censura a los medios de comunicación y periodistas críticos”.

No sólo eso, Artículo 19 y Fundar (organizaciones en favor de la libertad de expresión), están en contra del dictamen por considerar que legaliza la corrupción mediática. Además, consideran que los legisladores solo retomaron una iniciativa propuesta por el PRI, el Partido Verde y Nueva Alianza.

Esta es otra de las leyes marco que periten la colusión entre el régimen y los medios que impiden una discusión abierta y plural de posiciones, que es una condición para el desarrollo de la democracia.

En un país como México, rico en escándalos de narcogobierno y líder en las listas de naciones donde es peligroso practicar el periodismo, esta ley es ofensiva para la ciudadanía, para el gremio periodístico, para las organizaciones defensoras de la libertad de expresión y para el espíritu democrático de nuestra constitución.

Como en la aprobación de la ley de seguridad interior, hicieron oídos sordos a las recomendaciones de expertos que advierten de los peligros de esta ley, pues genera un gasto irresponsable con el único propósito de legitimar al gobierno en turno, sin difundir información que sea de utilidad para la sociedad.

Con el control de los tiempos oficiales, el régimen político planea continuar con su estrategia de manipulación de la información, disminuyendo la presencia de opiniones críticas que generen las condiciones necesarias para que los contrapesos políticos se equilibren, favoreciendo al partido político que abandere a los funcionarios públicos que ´puedan atribuirse dichos “logros”; todo con un claro objetivo propagandístico y electoral.

Los legisladores del bloque PT-Morena nos oponemos a esta y todas las reformas constitucionales que traicionan el espíritu democrático de nuestra norma fundante, nacida de los anhelos de justicia, igualdad y libertad del pueblo mexicano.

Con la renovación de los poderes que estamos a punto de experimentar, esta y todas las reformas que atenten contra los derechos de las y los mexicanos, serán replanteadas para bien de las mayorías.