Para el combate real a la corrupción debe ser autónoma la Fiscalía Anticorrupción

Para el combate real a la corrupción debe ser autónoma la Fiscalía Anticorrupción

Al señalar que la corrupción en México es un cáncer que sigue con un crecimiento imparable, David Monreal Ávila, senador de la República presentó una Iniciativa Constitucional de Autonomía Fiscal Anticorrupción.

Sostuvo que los Poderes de la Unión deben dar la muestra de que sí es posible mejorar la realidad que enfrenta la nación y para lograrlo se requiere de autoridades autónomas, honestas y sin compromisos para perseguir y castigar a todo aquel que actúe en perjuicio del bien común.

El país es uno de los Estados que ha ratificado instrumentos internacionales contra la corrupción, y uno de los precursores en permitir el acceso a la información pública; sin embargo, dichos mecanismos no han sido suficiente para erradicarla.

Muestra de ello lo encontramos en el “Índice de Percepción de la Corrupción 2016, Enfoque para México”, elaborado por Transparencia Internacional, en él México cayó 28 posiciones respecto del índice 2015, ubicándose en el lugar número 95 para pasar al lugar 123 de un listado de 176 países, al obtener una puntuación de 30 sobre 100, en una escala donde cero es una percepción de altos niveles de corrupción y 100 son bajos niveles de percepción de corrupción.

Los altos índices de corrupción en el país, no son nuevos, se debe recordar que en el 2010, el documento titulado “Índice de Transparencia y Buen Gobierno”,  del Instituto Transparencia Mexicana, indicó que en ese año se identificaron 200 millones de actos de corrupción en el uso de servicios públicos provistos por autoridades federales, estatales, municipales, así como concesiones y servicios administrados por particulares. En 2007 fueron 197 millones de actos.

El informe asevera que durante el año 2010 se destinaron más de 32 mil millones de pesos en sobornos. En 2007 esta cifra fue de 27 mil millones de pesos. Es decir, la corrupción no sólo vulnera las leyes mexicanas, también representa un gasto significativo para toda la sociedad, dichas cifras de igual manera muestran que fuera de erradicar o disminuir la corrupción, ésta va en aumento.

El problema de la corrupción en México, lamentó Monreal Ávila, no sólo se refleja en las cifras respecto del costo económico que representa para el país, también incide en el deterioro de la calidad de vida, en el desmejoramiento de la infraestructura, deficiencia en servicios públicos, ineficacia en garantizar seguridad a la ciudadanía, entre otros aspectos.

Otro de los problemas que acompaña a la corrupción es la deficiencia en los sistemas de impartición de justicia, la investigación y el castigo de los delitos. De acuerdo con cifras del Índice Global de Impunidad (IGI) publicado por la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) en su primer informe (2015), México aparece clasificado en el penúltimo sitio en materia de sistemas de seguridad, derechos humanos y justicia, compartiendo con Filipinas, Turquía, Colombia y la Federación Rusa los últimos lugares.

Entre los datos más destacados señala que 46 por ciento de la población carcelaria está detenida sin sentencia y que el número de jueces que es de -4.3 por cada 100 mil mexicanos- está muy por debajo del promedio global que es de 16.2 por 100 mil habitantes. Esto, sin hablar de su calidad profesional.

Por ello se aprobó la creación de una Fiscalía Especializada para investigar y combatir hechos relacionados a la corrupción, ello en virtud de que la realidad ha rebasado la capacidad de la actual Procuraduría General de la República, lo que hace necesario establecer una autoridad especializada en la materia, pues son tantos los casos y señalamientos por actos de corrupción que requiere una atención focalizada.

En el Decreto del 10 de febrero de 2014, dicha Fiscalía Especializada orgánicamente quedó bajo el mando del Fiscal General. Sin embargo, desde la discusión de estos cambios constitucionales, existieron señalamientos que urgían dotar a la autoridad que se encargará de combatir la corrupción de autonomía e independencia, a fin de que su actuación no se viera entorpecida por intereses o compromisos del Fiscal General.

Lamentablemente a pocos años de aprobarse la reforma de 2014, al día de hoy la voluntad política no ha sido suficiente para lograr los acuerdos necesarios para designar al Fiscal anticorrupción. Incluso el pasado 3 de abril se instaló formalmente el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, con la ausencia de dicho Fiscal, situación que da cuenta de la poca voluntad de nombrar a dicho funcionario.

Para que se erradique eficaz y eficientemente la corrupción, México necesita de instituciones fuertes, autónomas, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con total apertura a la participación de la sociedad civil y ajenas a las élites partidarias, de no ser así se estaría cayendo en un círculo vicioso.

Por eso es importante implementar mecanismos efectivos de rendición de cuentas y transparencia, así como identificar buenas prácticas y experiencias exitosas de control de la corrupción en los sectores público y privado que puedan generalizarse y replicarse en toda la nación, al mismo tiempo de ir involucrando a la sociedad civil en los asuntos de interés colectivo.

El combate a la corrupción es una problemática que no puede seguirse aplazando, es innegable que en los últimos años los casos de funcionarios denunciados o señalados por supuestos actos de corrupción han venido en aumento, ya que el número de noticias o notas periodísticas relacionadas con temas de corrupción ha tenido un crecimiento exponencial en el periodo de 1993 a 2004, mientras que en 1994 se registraron 220 notas publicadas relacionadas con 368 delitos, en el año 2004 se documentaron 1,086 notas relacionadas con 1,667 delitos de corrupción.

Es por ello, que la presente iniciativa pretende ampliar el alcance de la Reforma Constitucional de febrero de 2014 y elevar a rango constitucional la autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos relacionados con hechos de Corrupción, para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones.

No se puede seguir negando que el problema de la corrupción en México al día de hoy alcanza niveles asombrosos e históricos, no se puede seguir intentando construir a base de complicidades, simulaciones e impunidad.

La ciudadanía reclama un cambio urgente en las políticas de transparencia y combate a la corrupción. Es momento de poner un alto a la impunidad, y comenzar a construir un verdadero Estado democrático de derecho, finalizó.