POSICIONAMIENTO PARA REFERIRSE A LA MISCELÁNEA FISCAL 2016

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Con el permiso de la presidencia.

Bien dicen que las segundas partes nunca son buenas, con sus remarcadas excepciones claro está, pero este no es el caso. Estamos ante una Miscelánea fiscal mal producida y editada.

Como bien saben, en vísperas de la reforma energética, se aprobó la miscelánea fiscal para el ejercicio fiscal 2014, la cual, no ha tenido los resultados esperados.

Lo anterior debido a que aprobaron vía Pacto por México una sería de impuestos hacia la clase trabajadora como son: homologación del Impuesto al Valor Agregado en la zona fronteriza del norte del país, así como gravar con dicho impuesto a la comida de las mascotas, transporte foráneo, bueno hasta los chicles tienen impuestos.

También aumentaron desde el 30 al 35 por ciento el Impuesto Sobre la Renta, con el pretexto de que pague más, quien más tiene, finalmente aumentaron el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios con 8 por ciento a alimentos con alto valor calórico, que contengan 275 kilocalorías o mayor por cada 100 gramos, así como un peso más por litro a las bebidas saborizadas, a los concentrados, polvos, jarabes, esencias o extractos de sabores.

Esto bajo el argumento de erradicar la obesidad, y el problema asociado con riesgos de padecer enfermedades crónicas no transmisibles como: diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial, dislipidemias, enfermedad coronaria, enfermedad vascular cerebral, osteoartritis, así como cánceres de mama, esófago, colon, endometrio, riñón, entre otras.

Cifras del Plan Nacional de Desarrollo, afirman que el 42.6 por ciento de hombres mayores de 20 años de edad presentan sobrepeso y 26.8 por ciento obesidad; en las mujeres es el 35. 5 por ciento y 37.5 respectivamente.

Es decir, estamos ante un severo problema de salud pública, el cual, de no ser atendido en el corto plazo, se agudizará ocasionando daños irreversibles en la salud de la población con cargo al erario ante la falta de prevención.

De acuerdo con información de la Encuesta Nacional de Salud 2012, de no aplicar intervenciones preventivas o de control costo-efectivas sobre la obesidad y sus comorbilidades, los costos podrían ascender para 2017 a 101 mil millones de pesos.

Lo anterior, sin contar otros costos indirectos asociados a las enfermedades crónicas degenerativas antes mencionadas, tales como la muerte prematura, reducción en la productividad laboral, problemas financieros que enfrentan las familias al tener que asumir los elevados gastos de un tratamiento contra padecimientos como son el sobrepeso, la obesidad y la diabetes.

En este tenor, parecía atinado gravar con un peso por litro al refresco. De acuerdo a Oxfam México, nuestro país se ha convertido en el mayor consumidor de refrescos en el mundo, rebasando a los Estados Unidos, con un consumo mayor a los 163 litros por persona al año.

Por tal razón, resulta contradictorio reducir el impuesto al consumo del refresco, con el cual los únicos beneficiarios serán las refresqueras y los perjudicados los ciudadanos.

El mismo Subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, reconoció que: “el impuesto que se estableció en las bebidas azucaradas sí ha sido exitoso. Se ha observado una disminución importante en el consumo entre el cinco o seis por ciento y un incremento de entre cinco y seis por ciento en la ingesta de agua embotellada”.

A pesar de los datos antes referidos, se pretende reducir el impuesto a los refrescos y con ello el Estado dejar de recaudar 522.5 millones de pesos.

Por cierto, los recursos recaudados por el consumo de refrescos, serían destinados a programas de combate a la desnutrición, a la atención y prevención de la obesidad y enfermedades crónico degenerativas relacionadas, así como al acceso al agua potable en zonas rurales, en escuelas y espacios públicos, cuestión que al parecer se les ha olvidado.

Por otra parte, se pretende aprobar en el Código Fiscal de la Federación, una fracción cuarta al Artículo Séptimo Transitorio, la cual establece un régimen fiscal específico para las personas físicas dedicadas a la elaboración y venta de artesanías, destinado, supuestamente, a simplificar el cumplimiento de sus obligaciones en materia de Impuesto Sobre la Renta y del Impuesto al Valor Agregado.

Si bien es cierto que existe la necesidad de establecer un régimen fiscal que regule particularmente al sector artesanal en México, la disposición recién mencionada se queda corta en establecer verdaderas condiciones que protejan y beneficien a quienes se dedican a esta actividad artística, de enorme tradición en nuestro país.

Se requiere de un régimen que vele por los intereses de los artesanos, y los exima del pago de tantas contribuciones, que no solamente contemple cómo hacer eficaz dichos pagos, los cuales merman su economía, y por lo tanto su bienestar y el de sus familias.

Debe tomarse en cuenta que un gran porcentaje de quienes se dedican a la artesanía son personas de escasos recursos, muchos de ellos indígenas, y que perciben ingresos mínimos, por lo que normalmente desempeñan alguna otra actividad paralela para poder vivir. Además, en muchas ocasiones dependen de las ventas por temporada, e incluso en la mayoría de los casos conservan sus obras al menos un par de años antes de poder venderlas.

Se trata, pues, de un esquema de control fiscal a la actividad artesanal enfocado en lo que se va a recaudar, y no en el contribuyente. Sí, los impuestos son necesarios, pero el Estado debe propugnar en primer lugar por la protección y prosperidad de sus ciudadanos.

Otro tema que resulta retrogrado y discriminatorio, es lo referente a lo estipulado en el artículo 52, Fracción I, inciso a); el cual, condiciona a los Contadores Públicos para que puedan elaborar dictámenes fiscales, a tener un posgrado, 3 años de experiencia en la materia y ser miembros de un colegio profesional con reconocimiento en la SEP.

La propuesta es una limitante para los Contadores Públicos; asimismo, existente severas diferencias en cómo regular la profesión. No se llevó a cabo un diálogo inclusivo que permitiera avanzar en la materia, por el contrario, por medio de un Decreto se pretenden expedir imposiciones, parece que no se aprendió nada de la reforma educativa

Es innegable que se requiere de una actualización y especialización en la elaboración de dictámenes fiscales, pero la manera en que lo quieren hacer no es la correcta, pues no se escucharon a los expertos en la materia, mucho menos se privilegió el dialogo. 

Por último, la reforma contemplada a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en su artículo 93, por virtud del cual se pretende que los posibles excedentes de ingresos generados en el Fondo Mexicano del Petróleo, se empleen para compensar el incremento en el gasto no programado, o la falta de ingresos contemplados y aprobados en la Ley de Ingresos.

Dicho Fondo, creado tras la aprobación de la Reforma Energética, fue diseñado como un instrumento capaz de brindarle mayor estabilidad financiera al país, dotando a distintos rubros estratégicos de especial importancia de los recursos necesarios para su óptimo desarrollo en favor de toda la nación.

El que ahora se pretenda utilizar esos recursos como parche al sistema financiero y tributario de nuestro país para sopesar la falta de ingresos en ciertos ámbitos, atiende a la marcada tendencia del Estado mexicano de allegarse de recursos de la manera que sea, sin la adecuada planeación de cuánto se ingresa y en qué se va a gastar de forma responsable.

El referido artículo ya contempla el uso de excedentes de ingresos petroleros para el pago por concepto de participaciones, costo financiero derivado de modificaciones en la tasa de interés o del tipo de cambio, así como el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores, cuando resulte necesario.

Hay que evitar que estos recursos nacionales queden a disposición del Ejecutivo, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y ser empleados, sin los mecanismos de transparencia necesarios, de forma discrecional en los rubros que consideren pertinentes, todo ello a raíz de una deficiente planeación de las finanzas públicas.

Debe asegurarse que el destino de estos excedentes sean en ámbitos que realmente beneficien a toda la sociedad mexicana, y en los que tanto se adolece a nivel nacional, como lo son la salud, la educación, ciencia y tecnología.

Sectores, por cierto, que normalmente son afectados cada año por las disposiciones contempladas en los respectivos presupuestos de egresos, como es el caso para el siguiente año.

Finalmente se vuelve a constatar que la Miscelánea Fiscal para el 2016, atiende a las demandas e interés de unos cuantos, y deja a un lado el bien común. 

Es cuanto.