Posicionamiento referente al combate a la corrupción

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POSICIONAMIENTO PARA REFERIRSE A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN

Con el permiso de la Presidencia.

La diferencia entre un país que combate eficazmente la corrupción frente a uno que simula trabajar en ello, es que en el primero de ellos un funcionario corrupto que ha sido denunciado y descubierto en dichos actos, enfrenta un serio problema, y es sancionado; en cambio en el segundo escenario, un funcionario que ha sido denunciado y sorprendido cometiendo actos de corrupción, la persona que alzó la voz es quien enfrenta los problemas e incluso puede llegar a ser castigada o perseguida por ello.

En México aquellos que se atreven a denunciar y acusar a servidores públicos por actos de corrupción, son perseguidas, amedrentadas e incluso castigadas por hacer públicas dichas acusaciones, en espera de que los corruptos reciban una sensación, todo esto es consecuencia del débil sistema jurídico en materia de combate a la corrupción que aqueja al Estado mexicano.

Esto confirma la tesis de Gabriel Zaid, quién sentenció: “La corrupción no es una característica desagradable del sistema político mexicano: es el sistema”; esto no es en México de ninguna manera un fenómeno nuevo, este cáncer se ha arraigado en el Estado, en los tres órdenes de gobierno, entre la mayoría de ciudadanos, y parece estar adherido a la vida cotidiana del mexicano.

El Estado durante décadas ha sido controlado por una cúpula política fiel a dos principios: la corrupción y la impunidad, por ello, cuestiono a esta Soberanía ¿cómo es que pretenden que con la creación de este Sistema Nacional Anticorrupción se terminará una problemática tan arraigada en todos los ámbitos de la vida pública del país?

Si bien, el dictamen que se somete a consideración de esta Soberanía, es un avance sustantivo en materia de corrupción y rendición de cuentas, también es cierto que existen vacíos, inconsistencias y facultades limitadas que harán no lograrán disminuir significativamente los índices de corrupción actuales en México.

Hoy en día, el sistema jurídico mexicano cuenta con órganos e instituciones públicos que se encargan de atender los temas relacionados con la corrupción y la rendición de cuentas, pero, el problema radica en que no cumplen sus atribuciones, lo que genera condiciones propicias para la impunidad y la opacidad.

Por dar un ejemplo, el Índice Global de Impunidad hace apenas unos días, dio a conocer que de 59 países miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) México se sitúa en el segundo lugar en el nivel de impunidad, es decir, el país es ejemplo a nivel mundial de cómo impunidad y gobierno puede ir de la mano.

Todo esto sirve de referente para cuestionar y exhibir las deficiencias del presente dictamen, así como para aseverar que ni desde el Gobierno Federal, ni de parte de los impulsores de esta reforma existe la verdadera intención de sacar a México del pantano de impunidad y corrupción en el que se encuentra.

Ello debido a que solamente se entreabre la puerta para que la ciudadanía sea parte del Sistema Nacional Anticorrupción, pero, no se le dotan de verdaderas atribuciones para la fiscalización y la denuncia de actos de corrupción, en cambio, se contempla que dicho Sistema sea operado por servidores públicos que si bien tienen cierta autonomía, también, tienen compromisos políticos con quienes los impulsaron para estar en dichos cargos. Es decir, será un sistema controlado y manipulado por la cúpula política de siempre.

Es decir, este Sistema no considera actores como los testigos sociales, ni aspectos de denuncia ciudadana, simplemente se centra en una reforma burocrática, repartiendo funciones pero sin acciones contundentes de fondo.

Otra deficiencia y contradicción del presente dictamen, que promueven bajo el discurso de que “todos los entes públicos podrán ser fiscalizados, todos podrán ser señalados” es que se busca ampliar las facultades de la autoridad para vigilar y sancionar actos de corrupción, en todos los ordenes de gobierno y en todas las esferas de la administración pública, sin embargo, no serán todos porqué se mantiene el régimen de excepción del presidente de la República, al no poder ser juzgado en el ejercicio de su encargo por actos de corrupción, desvío de recursos o conflicto de interés, lo que confirma la tesis inicial de que un gobierno ungido de la corrupción no puede acabar con ella si primero no se juzga a sí mismo.

Aún más preocupante resulta que con dicho Sistema dote de facultades potestativas y no vinculantes a su Comité Coordinador como las señaladas en el párrafo séptimo de la fracción III, del artículo 113 del dictamen en comento, que señala que derivado del informe anual que emita el Sistema, éste podrá emitir recomendaciones no vinculantes a las autoridades, con el objeto de que adopten medidas para la prevención de hechos de corrupción.

¿Por qué este tipo de recomendaciones no tienen grandes alcances y en consecuencia no provocan cambios sustantivos? Como ejemplo para ilustrarlo, están las recomendaciones no vinculantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), ya que aproximadamente de las recomendaciones que emite para las autoridades, sólo tres al año y, en términos porcentuales, no más de 9% de estas se cumplen y, en promedio, sólo 3.4% de las recomendaciones se cumplen cabalmente. Esto demuestra que la eficacia de las recomendaciones no vinculantes en la práctica es nula, luego entonces, establecer un mecanismo similar para el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción será infructuoso, y en consecuencia los objetivos que persiguen estas modificaciones constitucionales no serán alcanzados, y por lo tanto la reforma está destinada al fracaso.

Sin duda este Congreso de la Unión está legislando para no cambiar nada de fondo. El Sistema Nacional Anticorrupción sólo es la bandera de propaganda electoral, lejos de pretender terminar con el problema sólo burocratiza la impunidad, fomentará el compadrazgo, crecerá el pago de cuotas partidarias, y mantendrá anclado al país en la corrupción.

Si el presente dictamen es aprobado en sus términos, el Sistema Nacional Anticorrupción surgirá en medio de la suspicacia ya que no garantizará su imparcialidad.  Con estas medidas a la corrupción no se arranca de raíz, sólo se le maquilla, se le decora, se le aplaude y se le reconoce como parte del sistema político y de la administración pública del Estado; con esto se escribe en letras de oro que La corrupción no es una característica desagradable del sistema político mexicano: es el sistema.

Es cuanto.

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