Todo proceso penal debe llevarse a cabo bajo las mismas condiciones

Todo proceso penal debe llevarse a cabo bajo las mismas condiciones

Al señalar que ya no es posible un proceso penal en que las partes se encuentren en condiciones desiguales, el senador de la República, David Monreal Ávila presentó una iniciativa de Ley para reformar diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales.

En los últimos años se ha configurado una nueva concepción del sistema de justicia mexicano; son diversas las materias en las que la oralidad predomina en los procesos a fin de garantizar una justicia pronta y expedita.

El nuevo paradigma del sistema acusatorio se ha basado principalmente en la oralidad, así como en los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación a que se refiere la Constitución Federal.

Asimismo, sostuvo David Monreal, como producto de la conocida reforma constitucional que tuvo lugar en 2008, indudablemente se reconoce la importancia que tiene la participación de la víctima u ofendido del delito, a través del establecimiento de sus derechos en el proceso penal, logrando así un equilibrio entre las partes.

Dicho esto, cabe precisar que una parte medular de esta reforma fue la restructuración del artículo 20 constitucional, el cual fue dividido en tres apartados. Para efectos de la presente iniciativa, el tercero resulta el más importante debido a que establece los derechos de la víctima y del ofendido.

En primer lugar, explicó, respecto a la víctima, es oportuno concebirla en el mismo sentido que lo hace el Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual considera víctima del delito al sujeto pasivo que resiente directamente sobre su persona la afectación producida por la conducta delictiva del sujeto activo.

Bajo esta idea, como es lógico, la víctima es una parte elemental para el normal desarrollo del proceso penal en los casos concretos en que pueda serlo.

Por otro lado, es indispensable que se tome en cuenta la existencia del ofendido del delito, el cual, el Código citado con antelación, considera ofendido a la persona física o moral titular del bien jurídico lesionado o puesto en peligro por la acción u omisión prevista en la ley penal como delito.

Monreal Ávila precisó que tanto la víctima como el ofendido tienen derecho a ser asesorados jurídicamente, supuesto que obedece al principio de igualdad, toda vez que en el proceso penal, el equilibrio de los sujetos procesales es de suma importancia, pues se les deben conceder iguales condiciones procesales de manera que ninguno quede en estado de indefensión.

La figura del Asesor jurídico es producto de la reforma constitucional mencionada y su participación también resulta relevante en razón de fungir como un representante de los intereses de la víctima o del ofendido en su caso. Conforme al Código adjetivo, su intervención será para orientar, asesorar o intervenir legalmente en el procedimiento penal, bajo esta premisa, se infiere que su actuar debe desarrollarse en condiciones óptimas de igualdad procesal.

Con todo lo anterior, se justifica la necesidad de subsanar algunas cuestiones en las que el Código Nacional de Procedimientos Penales es impreciso, de manera particular esta iniciativa refiere que:

De inicio, el artículo 3° en su primera fracción, cuando define al Asesor jurídico, omite mencionar que se trata también del que le asiste a los ofendidos del delito, pues solo hace referencia a las víctimas.

Por esta razón, mediante la presente iniciativa considero fundamental aclarar que se trata de “los asesores jurídicos de las víctimas u ofendidos” por las razones ya expuestas.

Concluyó diciendo que es indubitable el carácter supremo de la Constitución, por ello, los ordenamientos legales deben observar lo dispuesto en ésta a fin de no violentarla y no transgredir los derechos de las personas. Las garantías procesales en materia penal son fundamentales, sobre todo cuando se está en un camino de transición de un sistema a otro.