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Desde mis inicios como servidor público, he mantenido la certeza de que sólo los ciudadanos pueden dirimir y participar de los asuntos del gobierno y la política, siendo ellos los principales beneficiados y también los más perjudicados por decisiones tomadas sin su consentimiento y su participación.

 El combate a la inseguridad pública y su presupuesto

Para la consolidación y el cumplimiento de los objetivos de un Estado, salvaguardar la seguridad pública es una de las principales responsabilidades, y resulta ser esencial para sentar las bases del desarrollo progresivo y sostenido de la sociedad; esto hoy se constituye como una de las prioridades del Gobierno Federal, pues del primer trimestre de 2019 al tercer trimestre de 2020  se ha logrado disminuir los índices de percepción de inseguridad en el país, pasando de 74.6 puntos a 67.8, avanzando así, con el cumplimiento de una de las exigencias más sentidas de la población, recuperar la tranquilidad.

Cuando la armonía y la paz pública no están presentes en el día a día, proteger los derechos y libertades individuales se vuelve una difícil misión, y da como resultado una seguridad humana deficiente, término que la Organización de las Naciones Unidas define como el enfoque que ayuda a determinar y superar las dificultades generalizadas e intersectoriales que afectan a la supervivencia, los medios de subsistencia y la dignidad de sus ciudadanos. Es entonces, la seguridad pública, el eje rector para mantener condiciones de vida favorables en la sociedad en general.

Lamentablemente, en Zacatecas, la inseguridad y violencia presentan una tendencia hacia la alza en los últimos diez años. Únicamente en las denuncias registradas antes las agencias del ministerio público de 2010 a 2019, se registra un aumento del 69.91 por ciento, y junto con esto, la percepción de la inseguridad en el último año finalizó con 39.6 puntos, lo que significa un aumento de 1.4 puntos porcentuales desde el 2016.

La impotencia de las y los zacatecanos ante esta situación no encuentra un cauce institucional para reparar el daño y ofrecer justicia a las víctimas de la delincuencia. Desde el 2013, más de 500 familias en Zacatecas han tenido que emprender por su propia cuenta la búsqueda de información que ayude a dar con el paradero de sus familiares desaparecidos y no localizados,

Lo anterior tiene como una de sus causas la ausencia de una estrategia clara para combatir a la delincuencia, lo que, a pesar de los recursos destinados, que para el  2019 sumaron 712 millones 394 mil 180 pesos para instituciones y programas de seguridad pública, es decir, el 2.11 por ciento de los ingresos, ha significado que los reportes de delitos por año se sigan incrementando, pues en dicho año se cerró con un total de 23,952 delitos en la entidad.

El porcentaje destinado a este rubro es alto y los resultados no son claros, otras entidades como Sonora, que incluso tiene un mayor número de habitantes y que ha destinado únicamente el 1.08 por ciento de sus ingresos a la seguridad pública, presenta menos reportes de delitos durante el 2019; Yucatán, por citar otro ejemplo, tiene la misma tendencia: un gasto del 0.63 por ciento y 16,419 reportes. Resulta evidente que en Zacatecas, el presupuesto no se acompaña de la estrategia, pues se sigue gastando más y la tasa de incidencia delictiva continúa en aumento.

Y es que el gasto per se no soluciona los problemas, pues el derroche de dinero sin un plan de acción para el combate a la violencia deriva en políticas públicas ineficaces que en este caso específico tiene como consecuencia el resquebrajamiento del tejido social y la violación sistemática de los derechos humanos.

Cabe destacar que en México se ha contemplado como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, alinear todos los esfuerzos en materia de seguridad para enfrentar óptimamente los enormes desafíos que se tienen en esa materia, pues según las cifras del INEGI, en el país se cometen más de 31 millones de delitos al año y cerca del 99% de ellos quedan impunes. Y es por ello que desde la federación se han implementado políticas públicas para fomentar y garantizar el empleo, la educación, salud, bienestar, para poder combatir de manera estructural las causas y raíces de la delincuencia, con la firme convicción de que la paz es fruto de la justicia.

No obstante, los esfuerzos federales no serán suficientes si desde las entidades no se busca el trabajo en sinergia para poder afrontar uno de los aspectos que más afecta a la población. El compromiso para combatir la inseguridad y traer paz a los ciudadanos, debe emerger de manera local para después apoyarse en los mecanismos presentados por la federación y lograr así cumplir con sus obligaciones constitucionales y preservar la seguridad de la sociedad.

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© 2020, David Monreal. Todos los derechos reservados.


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