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Desde mis inicios como servidor público, he mantenido la certeza de que sólo los ciudadanos pueden dirimir y participar de los asuntos del gobierno y la política, siendo ellos los principales beneficiados y también los más perjudicados por decisiones tomadas sin su consentimiento y su participación.

 Para alcanzar la igualdad, necesitamos equidad

Como ha dicho en múltiples ocasiones el Presidente Andrés Manuel, la corrupción de 36 años de neoliberalismo generaron una enorme desigualdad en la sociedad, acumulando en unas cuantas manos la riqueza y generando pobreza en más de la mitad de la población. En este sentido, para revertir este proceso, debemos atender primero a las poblaciones vulnerables para aspirar a un escenario más igualitario.

Es una realidad que a nivel internacional, las desigualdades económicas van en aumento, generando un freno al crecimiento económico y un cúmulo de ineficiencias, pues si bien, hay talento, no oportunidades para todos. Y es ahí, donde los gobiernos deberían actuar en pro de una solución entre las diferencias de ingresos y riqueza entre la minoría y resto de la sociedad.

Debemos aceptarlo, México es un país que ha sufrido durante muchos años una desigualdad económica y social. El país forma parte del 25% de los países con  mayores niveles de desigualdad.

En promedio, 120,000 personas, que representan el 1% de la población más rica, concentran alrededor 43% de la riqueza nacional. Por ello, el trabajo del actual gobierno ha sido enfocado a lograr que el resto de las personas puedan acceder a todos los servicios y que reciban parte de esta riqueza para su futuro bienestar.

El Presidente acierta cuando dice que estos males son culpa del neoliberalismo – corriente que trata de justificar las bondades de la desigualdad-, Friedrich Hayek, uno de los padres intelectuales del neoliberalismo, escribía “hemos de afrontar el hecho de que el mantenimiento de la libertad individual es incompatible con la plena satisfacción de nuestra visión de la justicia redistributiva”. Así, desde hace más de 50 años, se ha logrado naturalizar y normalizar la desigualdad bajo los gobiernos que continuaron con dicha corriente.

Desde el 2018, con la cuarta transformación se ha trabajado para mejorar las condiciones de las personas y para lograr una efectiva distribución de la riqueza, hemos visto como el salario mínimo ha aumentado a niveles históricos, como los niveles de inflación han disminuido, como existen programas y políticas públicas que benefician a los más desprotegidos. Y tanto es este trabajo, que incluso, con la pandemia del Covid-19, y los estragos económicos que ha dejado, en junio se logró la reducción de la pobreza laboral en un 6.8%, y en la primera semana de agosto se crearon 10 mil empleos formales.

Decía Leon Tolstoi en Anna Karenina “no hay condiciones de vida a las que un hombre no pueda acostumbrarse, especialmente si ve que a su alrededor todos las aceptan”, ese era el motor de los anteriores gobiernos, adoctrinar a las personas con que la desigualdad y la pobreza no eran tan malos como parecían, que con estudiar bajo una reforma educativa que optaba por un nivel de competencias, nos iba a llevar directamente a un mercado laboral pleno. Pero la realidad no es esta.

La desigualdad y la pobreza se deben combatir a través de las políticas, de los medios de comunicación, la cultura popular y la responsabilidad individual. La justicia social y la igualdad no sólo deben ser la base de la dignidad y bienestar, sino también la de un progreso económico que sea benéfico para todas las personas.

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